El Coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha
hecho hoy público el escrito de denuncia registrado esta misma mañana ante la Fiscalía General
del Estado en el que, en nombre de IU, solicita que se realice una
“investigación exhaustiva y en profundidad” sobre todo el fraude fiscal que se
comete en nuestro país y, en especial, que ésta se dirija contra aquellas
personas o empresas que puedan tener cuentas secretas en Suiza o en cualquier
paraíso fiscal.
La denuncia demanda también al máximo órgano fiscal que, en
base a las diligencias que se practiquen, “en su caso, ejercite las acciones
penales oportunas contra todas aquellas personas que pudieran ser responsables
de actividades delictivas”.
Lara ofreció una rueda de prensa en la sede federal de IU
donde insistió en que la investigación demandada debe ir dirigida contra
“cualquier empresa o particular que pueda poseer cuentas opacas en paraísos
fiscales o en Suiza para evadir impuestos o para ocultar presuntas actividades
delictivas”.
El máximo responsable de Izquierda Unida explicó que para
llevar a cabo este arduo trabajo se ha requerido también que “se designe a un
fiscal especial para que dirija la investigación hasta su conclusión y que se
puedan ejercitar así todas las acciones penales oportunas”.
El escrito dirigido a la Fiscalía General
del Estado elaborado por los servicios jurídicos de IU expone diversos hechos y
datos. Una buena parte del mismo hace referencia a la situación vinculada al
ciudadano italiano-francés Hervé Daniel Falciani, un informático ex trabajador
del Banco HSBC en Ginebra que, en función de su trabajo, se hizo con un listado
de miles de supuestos evasores fiscales con cuentas en Suiza.
Falciani fue detenido a su llegada a España el pasado verano
y se encuentra pendiente de que la Audiencia Nacional
decida si acepta la petición de extradición a Suiza solicitada por las
autoridades helvéticas. El propio Falciani había explicado ya que durante su
trabajo habitual pudo comprobar cómo diariamente se hacían cientos de
operaciones –transferencias entre cuentas anónimas inmediatamente borradas
gracias al programa Hexagon- que no dejaban rastro.
Lara ha recordado que los datos hechos públicos por Falciani
sacaron a la luz unas 3.000 cuentas pertenecientes a 659 contribuyentes
españoles y con cantidades no declaradas de más de 6.000 millones de euros, por
lo que la Agencia
Tributaria inició en 2010 “la mayor regularización de la
historia del fisco”, tal y como fue calificado por quien fuera secretario de
Estado de Hacienda en 2010, Carlos Ocaña.
Datos de estas mismas características de Falciani han sido
utilizados por los servicios de Hacienda de otros países, entre ellos Francia,
para “identificar a miles de evasores de impuestos”. El informático detenido ha
mostrado ya al juez de la
Audiencia Nacional Eloy Velasco “su total disposición a
colaborar con España para tratar de encontrar a nuevos defraudadores españoles
que tienen su capital en Suiza”, sin que haya habido una respuesta por parte
del Gobierno del PP.
El escrito firmado por Cayo Lara dirigido a la Fiscalía General
menciona también un informe de la Agencia Tributaria que señala que un 74% del
fraude fiscal que cometen las empresas españolas suma un total de 44.000
millones de euros y se denuncia que “la mayoría de las investigaciones se
llevan a cabo sobre autónomos profesionales liberales y trabajadores, cuyo
fraude sólo representa el 8% del total”.
Informes en el mismo sentido del Sindicato de Técnicos de
Hacienda (Gestha) “señalan a las grandes fortunas y a las grandes empresas como
los responsables del 71,8% del total del fraude en España”.
Asimismo, se recuerda que en la investigación con número de
diligencias previas 3360/2009 del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona
aparecen “presuntos indicios de vinculación de donaciones hechas a determinadas
instituciones y personas por la concesión y realización de obras públicas por
diferentes empresas, que requieren una adecuada investigación judicial para
resolver sobre su legalidad”.
Por todo ello, el coordinador federal de IU ha insistido en
que la Fiscalía
General del Estado tiene “la misión de promover la acción de la Justicia en defensa de la
legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público”.
Entiende que “debe abrirse, con la mayor celeridad posible y
empleando todos los recursos a su alcance, una investigación en profundidad de
todas aquellas personas y sociedades mercantiles que pudieran poseer cuentas en
paraísos fiscales para no pagar impuestos o para ocultar presuntas actividades
delictivas”.
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