El Coordinador Federal de Izquierda Unida, Cayo Lara,
presentó hoy en rueda de prensa en el Congreso una iniciativa parlamentaria
para luchar contra la corrupción, dentro de los planes concretos que está
elaborando esta formación para luchar contra esta lacra y que se completarán en
los próximos días. La propuesta contiene 41 medidas, incluidas en una
proposición no de ley que ha sido registrada hoy, con las que Lara quiere
“meter el dedo en la yaga a fondo y debatir la verdad desnuda, sin taparla ni
poner cortinas de humo”.
De esta forma, el máximo responsable de IU sale al paso
también de las tímidas reacciones puestas en marcha desde el Gobierno y desde
algunas formaciones políticas a raíz de que saltaran a la luz pública
recientemente algunos casos importantes de corrupción, especialmente el ‘caso
Bárcenas’, que afecta al ex tesorero del PP implicado en la trama Gürtel y en
la supuesta financiación irregular del partido de Mariano Rajoy.
Para Lara no caben medias tintas para atajar este asunto y
considera que el debate para abordarlo “tiene que ir al Pleno (del Congreso),
discutir por qué hay corrupción en España y que cada palo que aguante su vela”.
“Hay que decir –insistió- por qué no se ha legislado, por
qué la corrupción está explícita en ciertos partidos, por qué se descubren
cuentas en Suiza con 20 millones, si es verdad que ha habido sobres o no, quién
ha puesto el dinero en ‘negro’ y cuáles son concesiones administrativas que se
han hecho y cuánto les han costado más a los ciudadanos esas concesiones”.
Entre las medidas concretas que Izquierda Unida incluye en
la proposición presentada hoy se plantea ampliar los tipos penales relacionados
con la corrupción –para corruptos y corruptores- y endurecer las penas que se
les apliquen, incluyendo inhabilitaciones de hasta 30 años. En el mismo
sentido, se establezcan procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales
en los que se encuentren imputados cargos públicos.
Para mejorar la actuación de todo lo que tiene que ver con
posibles casos de corrupción política se recogen distintas propuestas
relacionadas con los cargos públicos, como la regulación de sus salarios, la
prohibición de que reciban obsequios o invitaciones de contratistas de la
institución y una nueva regulación de las incompatibilidades.
También se establecen medidas de prevención y lucha contra
el fraude fiscal, de control de los procesos de contratación en las
administraciones públicas y de control interno y externo de los procedimientos
urbanísticos de planeamiento, recalificación y licencia.
Se completa con la exigencia de refuerzos para la Agencia Tributaria ,
el Servicio Ejecutivo de la
Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias del Banco de España (SEPBLAC), la Fiscalía Anticorrupción
o las fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades.
La iniciativa parlamentaria de IU insta también a la
reglamentación de los ‘lobbies’, la limitación de los gastos en las campañas
electorales, la prohibición de las donaciones a los partidos políticos, así
como a fundaciones y asociaciones ligadas a ellos por parte de empresas
contratadas por las administraciones públicas.
Especial significación tiene también la obligación por ley
que se plantea para que los diputados tránsfugas devuelvan su escaño a la
candidatura en la que fueron elegidos.
En la exposición de motivos del texto se incluyen nombres
como los de Urdangarin, Matas, Pujol, González, Pallerols, Guerrero, Fabra,
Baltar y Bárcenas, casos como los de La Muela , Malaya, Gürtel, Poniente, Campeón, Brugal,
Babel, Pretoria o Palma Arena, y “extraños indultos” que enmiendan la acción de
la Justicia
y que “están agravando extraordinariamente la alarma social y el descrédito de
la política y del propio sistema democrático”.
Preguntado por los periodistas, Cayo Lara mostró su
desacuerdo con el ofrecimiento hecho la semana pasada por la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de llegar a un pacto contra la corrupción
por considerarlo una “especie de mesa camilla que se le ha ocurrido” que se
concretaría en un “documento de expertos” sin más alcance real.
Frente a ello, insistió en que debe haber un “debate público
y transparente, con luz y taquígrafos” en el Congreso, que excluye que IU vaya
a entrar en “ningún jueguecito para lavar la imagen y que continúe el sistema
de la misma manera”. Consideró que los “responsables mayoritarios” son el PP y
el PSOE, por no legislar de manera efectiva contra la corrupción, ni
perseguirla seriamente.
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