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sábado, 19 de enero de 2013

La Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés firma con 21 ayuntamientos de Málaga la adhesión al programa contra los desahucios


La Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha firmado con los alcaldes de 21 municipios malagueños el convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, instrumento puesto en marcha por su departamento que implica la apertura de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en Andalucía. Con esta rúbrica, los ayuntamientos de Alameda, Alfarnatejo, Almachar, Archez, Archidona, Ardales, Benamargosa, El Borge, El Burgo, Campillos, Cartajima, Casabermeja, Casares, Cuevas de San Marcos, Humilladero, Istán, Macharaviaya, Monda, Ojén, Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia se suman al acuerdo marco ya rubricado en septiembre pasado por parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP).

Cortés ha destacado en su intervención que "estos 21 alcaldes demuestran su compromiso claro con la defensa del derecho a la vivienda, un derecho que ya desde la ONU se advierte de que se está pisoteando sistemáticamente en España, donde demasiados andaluces han quedado atados de por vida a hipotecas que ya no pueden pagar, debido en gran medida a la pérdida de su empleo".
Asimismo, la titular de Fomento y Vivienda ha precisado que "aunque el Gobierno andaluz no puede cambiar la Ley Hipotecaria, del siglo XIX, ni la Ley de Enjuiciamiento Civil, o impedir que el Estado riegue de dinero público a las entidades financieras sin exigirles contrapartidas", sí está haciendo un importante esfuerzo en el ejercicio de sus competencias "para plantar cara a esta lacra social, poniéndose del lado de las víctimas". Además, ha subrayado que "en esta forma de entender la vivienda, como derecho y no como mercancía, es donde se inserta, en octubre de 2012, la apertura de las oficinas provinciales del Plan Andaluz en Defensa de la Vivienda".
En Málaga esta oficina abrió el 8 de octubre y hasta final de diciembre ha atendido a 222 personas. En el ámbito de la intermediación, se han tramitado 152 expedientes, de los cuales se han resuelto positivamente 59, en torno al 40%. En la negociación con las entidades financieras se han alcanzado soluciones mediante la dación en pago, la refinanciación de la deuda, la renegociación de los años de carencia o el alquiler social.
En opinión de Cortés, "el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda demuestra que la política sirve para plantar a cara a acciones absolutamente injustas e insolidarias", por ello anima a los ayuntamientos a continuar sumándose a este instrumento "para constituir un gran bloque político contra un drama que está afectando a demasiadas familias". Para la titular de Fomento "este Plan es eminentemente participativo y requiere además de la colaboración de colectivos sociales, una pieza clave de esta lucha por su capacidad de anticipación y por su apoyo constante a los afectados. Debemos trabajar muy en sintonía con estas organizaciones para ofrecer el mejor servicio a las familias".
Junto a esta iniciativa, la consejera Cortés también ha detallado otros ejemplos de esa política de compromiso como la paralización de los desahucios en el parque público de viviendas de la Junta en caso de endeudamiento sobrevenido por la pérdida del empleo.
Por otro lado, la titular de Fomento y Vivienda ha recordado las preocupantes ci-fras de desahucios producidos en Andalucía, donde en el primer semestre de 2012 se produjeron 7.551, de los que 2.055 correspondieron a la provincia de Málaga. Estos datos ponen de manifiesto un incremento del 14,1% respecto del mismo periodo del año anterior. A juicio de Cortés, "esta subida es directamente atribuible a la subida del paro facilitada por la reforma laboral, asentada en el falso precepto de que, a mayor facilitad para despedir, mayor contratación habrá, y como es lógico no ha sido así".
La Consejera perteneciente a Izquierda Unida, Elena Cortés, ha aprovechado también para animar a la ciudadanía y a las organizaciones sociales para que, con su firma, apoyen la Iniciativa Legislativa Popular que a final de mes será presentada en el Congreso de los Diputados para paralizar los desahucios, promover el alquiler social y la dación en pago además de la modificación de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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