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domingo, 24 de febrero de 2013

José Antonio Castro, portavoz de IULV-CA en el Parlamento andaluz: "son los poderes bancarios los que mueven en España el día a día"


Lucas Martín/La Opinión de Málaga 
El portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz asegura que la entrada en la Junta le ha hecho ver con nitidez las diferencias entre «estar en el gobierno» y disponer del poder para cambiar las cosas. «Son los poderes bancarios los que mueven en España el día a día; es necesario revertirlo», dice. También manda un recado al alcalde a propósito del metro: «De la Torre es muy listo. Prefiere la confrontación antes que explicar a los ciudadanos que tendría que buscar decenas de millones para cumplir con su parte del convenio y del compromiso», señala
A sus 38 años, y casi a su pesar, José Antonio Castro se ha situado casi en el precipicio de una nueva aventura política. Los analistas lo señalan como el sustituto de Valderas al frente de IU en Andalucía. Ajeno a las especulaciones, al menos de puertas para afuera, mantiene su discurso en la misma línea gravitatoria. Sin paños calientes. Ni siquiera para sus colegas ocasionales en la Junta.
El Ayuntamiento quiere a toda costa que el metro llegue al centro bajo tierra. ¿IU está dispuesta a ceder o continuará la bronca en los próximos meses?
Lo primero que hay que decir es que el planteamiento que hace la consejería de Fomento no se debe a una posición programática, ideológica y por lo tanto un dogma que se derive de esas posiciones. A nosotros lo que nos hubiera gustado es cumplir con el convenio que existe. El problema es que cuando hemos entrado en la consejería hemos empezado a conocer la realidad nunca contada del metro, que es un proyecto que ha ido duplicando sus costes en cada tramo y que en la crisis actual tiene muy pocos visos de viabilidad. Al menos en los términos factualmente planteados. Es por eso, y desde la obligación que tenemos de tratar cada euro con responsabilidad, porque es dinero público, por lo que debemos dar una respuesta que genere certidumbre técnica y económica. Esperemos llegar a un consenso con el Ayuntamiento y que podamos hacer un metro que al final no nos salga más caro de lo que nos ha salido.
El alcalde amenaza, incluso, con retirar la aportación municipal si no se cumplen los plazos y el proyecto aprobado en el convenio.
El alcalde es muy listo. Es consciente de la parte que le correspondería poner sobre la mesa al Ayuntamiento con la propuesta que él defendía y de que eso implica tener que dar explicaciones a los ciudadanos. Especialmente, acerca de dónde va a ir a buscar las decenas de millones que tiene que aportar según el convenio. En lugar de explicar eso a los malagueños, prefiere seguir con la polémica que nos ha acompañado durante toda la historia del metro, la permanente lucha entre PSOE y PP que nosotros no queremos que se repita.
La política de metros y tranvías de la Junta ha estado salpicada de dificultades. Problemas de financiación, redes inauguradas y sin uso...
Es obvio que ha sido una apuesta errónea desde el principio, pero nosotros no queremos entrar ahora en ese debate. Nuestra postura tranviaria era en su día radicalmente distinta, pero se abogó por una fórmula de difícil salida.
Quizá dentro de poco se lo pueda decir a Griñán en la reunión de líderes del partido. En todas las quinielas aparece su nombre como reemplazo de Valderas...
Lo que lamento de todo este asunto, aunque, por otra parte, resulta inevitable, es que el debate se esté dando en términos nominalistas. Seguramente voy a formar parte de la próxima dirección andaluza del partido; soy el actual portavoz y voy a seguir ahí echando una mano, el sitio que ocupe ya se decidirá en la asamblea de junio. Lo importante, insisto, es la política, decidir qué va a hacer IU en los próximos cuatro años, a buen seguro vertiginosos y llenos de cambios.
Entiendo, en cualquier caso, que ser el líder regional de un partido es una aspiración muy legítima cuando se forma parte de ese mismo partido....
Sí, claro que es legítima. Yo personalmente no la tengo, pero es muy legítima.
¿Y si se lo piden sus compañeros?
Ya veremos.
La perspectiva electoral no es mala para Izquierda Unida. La mayoría de los pronósticos apuntan a que seguirá el crecimiento de las últimas convocatorias.
Ese es precisamente el peligro: crecer mucho electoralmente y no hacer crecer el proyecto político que sustenta ese crecimiento electoral. Por eso es tan importante la asamblea; debemos evitar que IU se convierta en un flan que crece y crece en el horno para luego desbaratarse muy rápido. De lo que se trata no es de situar a IU en una buena situación electoral, sino del proyecto político y de ver cómo se le rompe el espinazo al bipartidismo como expresión o ejecutor de un sistema económico y político que no compartimos.
Últimamente se habla mucho de transparencia y de la necesidad de cambiar el funcionamiento interno y la financiación de los partidos.
Eso hay que hacerlo. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley sobre la financiación que incluye una propuesta para prohibir la donación de empresas privadas. Si se forma parte de un partido y se aceptan donaciones de una constructora y luego se gobierna, ¿qué es lo que se debe presuponer? Es un punto de partida viciado. De todas formas no creo que la cuestión sean solo las normas y límites que se le ponen a los partidos. La salida a la crisis no va a venir solo por eso, ni siquiera porque cambie el sentido del voto. Necesitamos construir algo nuevo, abrir un proceso constituyente que venga desde abajo y en el que todos–no sólo los partidos– decidamos qué puñetas queremos hacer para salir de esto. Se echan en falta unos Pactos de la Moncloa adaptados al siglo XXI.
¿Hacia donde llevará tanta frustración y descontento?
Una de nuestras preocupaciones precisamente es que toda esa energía, como ya ha ocurrido en otras situaciones de crisis, encuentre acomodo en la extrema derecha y el discurso fácil.En España es difícil que ocurra porque la derecha está aglutinada en torno a PP, pero sigue siendo preocupante que no haya una visión de conjunto de cómo el pueblo puede tomar las riendas, ya sea como consumidores, como usuarios o como trabajadores. Ahora que hemos entrado por primera vez en el gobierno autonómico de Andalucía me he dado cuenta de que una cosas es estar en el gobierno y otra muy distinta tener el poder para cambiar las cosas. Poderes como el que tienen los bancos son los que mueven este país día a día y eso hay que revertirlo para que el depositario del poder sea la gente llana, que, además, es la mayoría.
¿Qué lectura hace de ese «estar en el poder» con el PSOE en la Junta de Andalucía?
El balance es moderadamente satisfactorio, lo cual resulta un eufemismo que te inventas cuando no quieres decir que no ha estado mal pero que tampoco da para tirar cohetes. La situación económica es muy complicada; sabemos que no vamos a transformar nada en este periodo pero decidimos entrar a formar parte de la Junta con el objetivo de contribuir a parar los golpes que se le están danto a la ciudadanía. Creo que hemos cumplido en ese sentido y en el de intentar corregir cosas que nos estamos encontrando en una administración de 30 años creada y amamantada por un mismo partido.
Los presupuestos de la Junta han comprimido partidas especialmente sensibles. El PP no se traga eso de que todo es culpa del Gobierno central.
¿El PP de Málaga? El Ayuntamiento por ejemplo ha practicado un recorte presupuestario porcentualmente mayor que el de la Junta. Nadie puede negar que existe discriminación del Gobierno hacia todas las comunidades autónomas. Sobre todo, cuando les impone un objetivo de déficit del 1,5% y el Estado se reserva el 6% pese a que las competencias más caras está en manos de las comunidades. En Andalucía se nota además que no está gobernada por su propio partido. El nuevo equipo de la Junta fue recibido por una campaña feroz del ministro Montoro que hizo que se bloquearan todos los mercados. Andalucía no podía emitir ningún bono de deuda ni acudir a ninguna entidad a pedir un crédito porque había sido tildada por el Gobierno de insolvente. A otras regiones, como Extremadura, se les devolvió parte de los 800 millones arrebatados a las políticas activas de empleo.
¿Se van a desmarcar entonces de los objetivos de déficit?
Todos se van a desmarcar. Nadie va a cumplir con los objetivos, ni siquiera el Gobierno, que tiene un margen más generoso. El discurso es que hay que acabar con el déficit de la administración y éste se sigue incrementando. Lula contaba alucinado cuando iba a pagar y el FMI no quería que le devolvieran el dinero porque el déficit es una manera más de las que disponen los poderes financieros para arrasar un país; son nichos de negocio, completamente desregularizados. Esto tiene mucho que ver con el origen de la crisis, que no es algo que nos haya venido, ni un ciclón ni un terremoto. Ni siquiera una fatiguita de Dios.
Su partido ha sido muy crítico con la propuesta de reforma de la administración local.
Es un paso más. No sólo hay crisis económica o alimentaria o medioambiental, sino también de soberanía y eso comporta el desmantelamiento de una democracia ya de por sí bastante mejorable. Se está haciendo que los resortes de los que dispone el ciudadano para intervenir en la política cada vez estén más vacíos y desprovistos de sentido. Y esto va precisamente en esa línea. Volvemos a unos ayuntamientos que son extensión en el territorio de Madrid, como en los tiempos de Franco. Esta reforma quita competencias, y presume la fiscalización permanente, lo que en la práctica hará que lo de la autonomía local se quede sólo en local. Y, además, eso del ahorro es, en este caso, el chocolate del loro.
¿Cómo se podría evitar la duplicidad de competencias?¿Qué recursos administrativos se podrían recortar sin demasiado coste para la sociedad?
Nosotros siempre hemos sido partidarios de la supresión de las diputaciones provinciales, que curiosamente son las que se verán beneficiadas con esta reforma. Pero también hay maneras de proceder. En Fomento nos hemos encontrado con un mecanismo que es un auténtico disparate: la famosa colaboración público-privada para las grandes infraestructuras. Hay carreteras tasadas en 237 millones que con esta fórmula, por la que la empresa privada consigue la financiación, tienen un coste final para la administración de más de 400. Es lo que algunos expertos llaman la burbuja de las grandes infraestructuras. Lo que hemos hecho ha sido suspender todos los proyectos cuyo desarrollo estaba previsto con este mecanismo, que es el que se han acogido la mayoría de las regiones por los límites a la inversión introducidos por el control del déficit. Este sistema es perverso.
La famosa comisión parlamentaria de los ERE finalizó sin dictamen. ¿Una oportunidad perdida o un alivio para sus socios de gobierno?
Para nosotros ha sido muy frustrante. Estuvimos preparando la comisión de junio a noviembre y nos hemos encontrado con que las conclusiones no existen. La parte positiva es que hubo comparecencias y gracias a eso pudimos saber algo más del caso; además, no estábamos acostumbrados a este tipo de comisiones en Andalucía. Da la sensación, no obstante, de que había dos que representaban papeles distintos en una misma obra: a uno lo único que le interesaba del dictamen era la cabeza del presidente de la Junta y al otro, y por encima de cualquier cosa, la defensa de los suyos.
La política española se ha acostumbrado a convivir con la sospecha, sin necesidad, incluso, de tomar decisiones. ¿No le da miedo que se transmita un mensaje de impunidad y tolerancia hacia la corrupción?
Parece que sí, efectivamente, que la sensación es de impunidad. Pero, además, en todas direcciones. En Málaga hemos visto a alcaldes que después de ser condenados han vuelto a ganar elecciones y por mayoría. Esa tolerancia hacia los que delinquen es muy grave. Por momentos da la sensación de que es más recomendable robar mil millones del erario que participar en un piquete en una huelga. La respuesta, además, tampoco es convincente. Publicar la declaración de la renta no es actuar con transparencia. En primer lugar porque no demuestra nada y, sobre todo, porque transparencia es que cualquier ciudadano pudiera acceder a cualquier tipo de información pública y saber qué se hace hasta con el último euro.
La Junta anda a la gresca desde hace meses con los trabajadores de la sanidad y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dos de los bastiones, precisamente, que siempre ha defendido su partido.
En el caso del SAE se trata de los trabajadores contratados como asesores y promotores de empleo en 2008, que se han visto afectados por los fondos que ahora nos quita el Gobierno. Y es verdad que eso ha supuesto que un montón de oficinas se queden con dos personas, lo justo para sellar. Campo libre para la ETT. Nosotros hemos estado con ellos y hemos conseguido que se convoquen a pulmón 310 plazas para las sedes más endebles. En sanidad, IU ha denunciado muchas carencias, pero la prioridad ahora es que no se venda ningún hospital ni centro de salud, porque las directrices que llegan del Gobierno y de la troika, ese poder que nadie ha votado, van en esa línea.

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