El 28 de Febrero de 1980 el pueblo andaluz conquistó en las
urnas el derecho de Andalucía a tener un Estatuto de Autonomía al mismo nivel
de competencias y poder político que las denominadas “Nacionalidades
históricas”, Cataluña, Euskadi y Galicia. Andalucía enlazaba así el proceso
autonómico iniciado en la
II República , abortado por el golpe fascista del 18 de julio
del 36, con la gran movilización del 4 de diciembre de 1977 en el que millones
de andaluces y andaluzas tomaron las calles de las ocho capitales y de muchos
pueblos de nuestra tierra para reivindicar la autonomía para Andalucía.
El pueblo andaluz exigió su condición nacional y su derecho
al techo máximo de competencias que otorga el art. 151 de la constitución, y esa reivindicación desembocó en el 28 de
febrero de 1.980 rompiendo el esquema diseñado en Madrid, y compartido por los
nacionalismos vascos y catalanes, que consistía en “confederar el norte y
regionalizar el sur”. Con ésta victoria se abrió la posibilidad a todos los
territorios de España de optar a un autogobierno en igualdad de condiciones y,
por tanto, de abrir el debate sobre el Estado Federal.
Sin el impulso del 4-D nunca se hubiese podido dar con tanta
fuerza la batalla que desembocó en la victoria del 28-F y sin ésta victoria, la
fecha del 4-D hubiera quedado
desdibujada en la historia.
En este contexto histórico, el asesinato en Málaga por una
bala de la policía de Manuel García Caparrós, militante de CC.OO, añadió al 4-D
la sangre derramada de un joven sindicalista. Este crimen no fue un hecho
aislado, se suma, a los otros muchos que, entre 1.976 y 1.981, la llamada “modélica
y pacífica transición”, fueron cometidos por grupos de la ultraderecha o de las
propias fuerzas de orden público, y que nunca fueron investigados.
La lucha por la autonomía andaluza fue, y seguirá siendo, la
lucha de la izquierda frente a la derecha. La historia de Andalucía, desde la
segunda mitad del Siglo XIX, siempre se ha situado en el vórtice de la lucha de
clases. Aquí no hubo ni hay una reivindicación identitaria-etnicista ni
separatista. En Andalucía el hecho diferencial siempre fue la reivindicación de
la igualdad y el enfrentamiento con los que, dentro y fuera de la misma,
impedían e impiden la consecución de ese objetivo. Andalucía es imprescindible
para la transformación del conjunto de los pueblos de España. Ningún otro lugar
del estado tiene en su historia una conjunción tan natural entre las
reivindicaciones de clase y las aspiraciones autonomistas o nacionales.
Treinta y tres años después, Andalucía es la Comunidad Autónoma
con mayor índice de paro del conjunto del Estado. En los últimos años hemos
sufrido el desmantelamiento y/o deslocalización de los escasos sectores
industriales y productivos que quedaban. La agricultura andaluza sufre las
consecuencias de una política comunitaria contraria a sus intereses. La
estructura social de la propiedad de la tierra aumenta la escandalosa
concentración en pocas manos, en un porcentaje superior a 1930. Y todo ello
agravado por la situación de general de crisis económica-financiera, ofensiva
del gran capital contra los derechos del pueblo trabajador y corrupción
generalizada de las principales instituciones del Estado y del sistema
bipartidista.
La condición periférica de la economía andaluza es lo que nos
sigue caracterizando, y eso es lo que no han corregido los sucesivos gobiernos
autonómicos y central, en época de “bonanza”. Las escandalosas cifras de paro
que arroja la EPA
son la consecuencia de ese modelo de crecimiento. Y si le sumamos la continua
regresividad fiscal y la permanente desregulación laboral, tendremos el cuadro
del capitalismo en Andalucía.
Desde el Partido Comunista de Andalucía nos unimos a las
voces que cada vez con más fuerza plantean la necesidad de auditar la deuda
pública para identificar que parte de la misma no se ha utilizado para el
sostenimiento de los servicios públicos, sino para comerciar a su vez por parte
de los especuladores y una banca que utiliza impunemente las ayudas públicas
para equilibrar sus balances, en vez de hacer fluir el necesario crédito a
pymes y trabajo autónomo. Pedimos que la deuda ilegítima no se pague, porque no
ha servido al pueblo.
Hoy, 33 años después de aquel 28 de febrero, constatamos que
el impulso cívico y de justicia social ha sido demolido por las prácticas
serviles de los sucesivos gobiernos autonómicos. Hoy, el PCA sigue, como
entonces, llamando a la movilización del pueblo trabajador andaluz en defensa
de sus intereses de clase. Hoy, los y las comunistas recordamos al pueblo
andaluz que el atraso histórico, la dependencia económica, la situación
periférica que ocupa nuestra fuerza de trabajo, el paro, la cuestión agraria y
la merma en derechos y justicia social siguien ocupando un lugar central. Y
hacemos un llamamiento a la movilización unitaria en defensa de las siguientes
reivindicaciones:
1.
Sistema
financiero público andaluz, para intervenir desde el poder público en unas
finanzas al servicio de las clases dominantes.
2.
Puesta
en marcha de un Banco Público de Tierras en Andalucía. “PER” especial y Cero
peonadas para acceder al subsidio agrario.
3.
Democracia
Participativa y control social de los servicios públicos. No hay mayor
transparencia que la que proporciona la democracia real y ciudadana.
4.
Dación
en pago retroactiva, alquiler social de viviendas enajenadas, paralización de
los desahucios. Al gobierno andaluz le pedimos que adopte las medidas
oportunas, en su marco de competencias, para garantizar la función social de la
vivienda, incluyendo la sanción a las viviendas vacias.
5.
Renta
Básica, en desarrollo del artículo 23.2 del estatuto de Autonomía, y Banco
Público de Alimentos controlado participadamente.
6.
Cierre
de las bases militares de Rota, Morón y Gibraltar. Como decía nuestro partido
en el Documento de las Amapolas de 1984: “Autonomía andaluza que no sea ajena a la defensa de la dignidad y
soberanía nacionales frente a las actitudes serviles y claudicantes para con
otros estados. Se trata de avanzar en la necesidad de una política inequívoca
de independencia nacional y, en este sentido, Andalucía tendría que decir mucho
sobre la paz, contra las bases extranjeras (Rota y Morón) y a favor de la
soberanía española de Gibraltar”.
7.
Defensa
a ultranza del carácter público y universal de los servicios que garantizan los
derechos sociales como la educación y la sanidad. Pedimos al gobierno andaluz
que avance en el abandono de los conciertos en estos ámbitos. Lucha contra la LOMCE.
8.
Derogación
de la reforma laboral que da la puntilla a los derechos históricos de la clase
trabajadora y que hace especial daño en economías débiles como la andaluza.
9.
Defensa
del sistema público de pensiones, disminución de la edad de jubilación y
reparto del trabajo.
10. Defensa y organización del movimiento
feminista, que debe volver a jugar el papel central que le corresponde en
defensa de otra Andalucía posible, libre también de patriarcado.
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