Ana García Sempere
Concejal de IULV-CA en el Ayuntamiento de Málaga y
Secretaria de Organización del Comité Local del PCA
No hace aún un mes que el Ayuntamiento de Málaga se
posicionó contra la iniciativa de declarar el agua como derecho humano
fundamental, en la línea de lo que recoge la ONU , que presentó Izquierda Unida en el pleno.
Y es evidente por qué lo hizo: la implicación del
Ayuntamiento en unas jornadas organizadas por Aquagest y con el escandaloso
título de "Beneficios para el cliente", lo dejan claro. Para el PP
somos clientes, no ciudadanos y ciudadanas. Y por tanto, el agua es un negocio,
no un derecho humano que hay que garantizar.
El programa de las jornadas, además, es un despliegue de
ejemplos de gestión privada en sectores estratégicos; Agua, Energía,
Comunicación, Gas....dejando muy poco espacio a las experiencias de gestión
pública. Además, la empresa AQUAGES, coorganizadora del evento, está en estos
momentos en el punto de mira con uno de sus gerentes imputado y en prisión
`provisional sin fianza, acusado del pago de sobornos a cargos municipales para
hacerse con servicios municipales. Se le imputan los delitos de cohecho
(soborno), tráfico de influencias y revelación de secretos. Desde izquierda
Unida no nos parece que sea este el ejemplo de gestión que haya que mostrar,
desde luego.
Tampoco la presencia de Aqualia es muy ejemplarizante
después de los últimos sucesos sobre irregularidades en el caso GIAHSA.
Desde Izquierda Unida seguimos defendiendo el reconocimiento
del agua como un derecho humano fundamental, así como garantizar el acceso de
hasta 20 litros
de agua por persona y día como un derecho de las familias con escasos recursos,
ya que esta es la cantidad que Naciones Unidas fija como gratuita para aquellos
que carecen de recursos suficientes para pagarla”.
Asimismo, defendemos el estudio de una fórmula para que las
familias con escasos ingresos puedan acogerse a un sistema que prácticamente
les eximiera del pago mientras las condiciones económicas no lo permitiera.
Para Izquierda Unida el primer punto es “la defensa del
carácter público del agua” porque “resulta difícil que los mercados sean capaces
de garantizar los derechos humanos”. Estas jornadas que nos trae el gobierno
del ayuntamiento de Málaga, con su apuesta decidida por mostrar el panorama
privatizador español, no hace más que incrementar nuestra preocupación por el
futuro de la Empresa
Municipal de Aguas de nuestra ciudad.
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