En la mañana del sábado el PCA y la UJCE-A han realizado ocupaciones de fincas públicas y privadas en las localidades andaluzas de Campillos (Málaga), Lepe (Huelva), Badalatosa (Sevilla) y en Montemayor (Córdoba), dentro de una campaña de movilización que junto con organizaciones y asociaciones agrarias como la COAG y CCOO llevan a cabo para reivindicar e impulsar la puesta en marcha de un Banco Público de Tierras en Andalucía, la función social de la tierra y la reforma agraria.
Para volver a poner el foco de atención sobre la necesidad de los trabajadores y trabajadoras andaluzas de acceder a una legislación que garantice la función social de la tierra, el PCA insta a la Junta de Andalucía a legislar para garantizar, tal y como se ha hecho con la vivienda, que el campo andaluz tenga ese carácter social y cree empleo.
El Secretrario General del PCE y portavoz de IU en el Congreso, José Luis Centella, que ha participado en la ocupación de la finca de titularidad autonómica 'El Cabrerizo' en Badolatosa, ha exigido que se "terminen los trabajos" para poner en marcha un Banco de Tierras por parte de la Junta de Andalucía, porque consideran que "no puede haber tierras públicas abandonadas y jornaleros sin trabajo".
En Montemayor (Córdoba) el Secretario general del PCA y senador, José Manuel Mariscal, ha explicado que se han adentrado y ocupado "pacíficamente" una finca privada perteneciente a "un heredero del duque de Frías", comprobando el "estado de abandono" de estos terrenos que "reciben ayudas de la UE". Mariscal considera esta circunstancia "inadmisible" en un momento de crisis como la actual, por lo que ha adelantado que llevará una iniciativa al Parlamento de Andalucía y al Senado en este sentido.
Por otro lado, el vicesecretario general del PCA, Juan de Dios Villanueva, que ha participado en la ocupación de una finca pública de la Junta en Lepe (Huelva), ha anunciado que desde el PCA continuarán con ocupaciones "simbólicas y no simbólicas" en fincas tanto de titularidad pública como privada para defender sus reivindicaciones. Porque para el PCA se hace necesario garantizar unas condiciones dignas para las personas que están en paro y para ello hay que promover y crear un nuevo modelo productivo más justo. La próxima Ley del banco público de tierras de la Junta de Andalucía debe ser un paso hacia adelante para hacer que las fincas improductivas puedan convertirse en generadoras de empleo y riqueza.
Igualmente Antonio Romero, Presidente de honor del PCA y ex-parlamentario de IU, que estuvo acopañados de los camaradas de las agrupaciones de la comarca, en especial de Campillos y Teba, denunció que en la actualidad el 3% de los propietarios de tierras en Andalucía poseen el 55% de las mismas. Esta acumulación de tierras supera la que había en la década de los años treinta del pasado siglo, lo que supone una evidente situación anacrónica y de injusticia social. Además, el 20% de los terratenientes de Andalucía reciben el 80% de las ayudas que la Unión Europea entrega al sector agrario andaluz, al mismo tiempo que un selecto grupo de propietarios que suponen el 0,5% del total se han embolsado el 25% de las subvenciones de la UE. Frente a esto, en Andalucía hay algo más de medio millón de personas afiliadas al régimen agrario cuyos ingresos son de tan sólo 420 euros al mes, que además sufren de precariedad y temporalidad en su trabajo.
Por esto el PCA reivindica una Reforma Agraria Integral basada en el principio de soberanía alimentaria, que sirva para modernizar este sector para permitir que miles de personas sin empleo puedan trabajar en el campo y evitar que la acumulación de tierras por parte de muy pocos propietarios siga siendo una causa más de paro y pobreza.
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