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sábado, 4 de enero de 2014

Izquierda Unida de Málaga propondrá a los ayuntamientos y a la Diputación la creación de un fondo de emergencia que garantice los suministros básicos de electricidad

Izquierda Unida propondrá que los ayuntamientos y la Diputación provincial de Málaga exijan a las compañías eléctricas información rigurosa y precisa sobre los cortes de luz por impago que se han producido en el último año en la provincia, así como la creación de un fondo de emergencia social que permita dar cobertura a las familias malagueñas que no pueden acometer el pago de los suministros básicos.
“Las medidas a adoptar pasan por la nacionalización de las eléctricas, teniendo en cuenta que la energía es un bien común esencial para la vida, y que por tanto, ha de ser gestionado desde lo público. Otras propuestas que IULV-CA está proponiendo en otras administraciones pasan por crear un sistema público de precio social, establecer una tregua invernal o aplicar un IVA súper reducido. Entretanto, desde ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones, en el marco de su competencia, también pueden impulsarse otras medidas que, al menos sirvan para paliar los efectos de la pobreza energética. Por ello, vamos a presentar en el mes de enero mociones en la Diputación provincial y en los ayuntamientos de la provincia, que encaminen la acción de estas instituciones a garantizar los suministros básicos” ha declarado la responsable provincial de política institucional de IU en Málaga, Toni Morillas.
IULV-CA propondrá a la Diputación y a los ayuntamientos de la provincia que exijan a las compañías eléctricas los datos de los cortes de luz por impago que se han producido durante el año 2013 en cada uno de los municipios de la provincia, de modo que pueda elaborarse un censo que permita hacer una estimación, para garantizar el pago en los casos de insolvencia económica y riesgo de exclusión social. “El alcalde Málaga no ha tenido ningún reparo en condonar 58 millones de euros comprometidos en el convenio urbanístico de la Térmica a Endesa. Esperemos que esa benevolencia indignante que tiene con la compañía la tenga también con los malagueños que peor lo están pasando” ha apuntado Morillas.
Asimismo, propondrá la creación de un fondo de emergencia social que sea destinado a tal fin, de modo que no haya ningún habitante en Málaga que sufra cortes de luz, fruto de su precaria situación económica. En el caso de la Diputación provincial, IULV-CA propondrá que ese fondo tenga una dotación inicial de 5 millones de euros, cuya gestión recaiga en los servicios sociales comunitarios que dependen de esta.
Según los datos de Eurostat, el precio de la luz se ha incrementado en un 104% en la última década en España, ocupando ésta el tercer puesto en el ránking de los países europeos con la luz más cara, solo por detrás de Malta y de Chipre. Asimismo, los beneficios de las eléctricas, fruto del proceso de liberalización iniciado en 1.997, se han incrementado año a año. Solo en 2010 las compañías eléctricas en España incrementaron sus beneficios en un 10,11%, cuando la media europea estaba en el 5,13%.Según Morillas, “el país donde los niveles de desempleo y de exclusión social son mayores, es al tiempo, donde los ciudadanos pagamos más por un derecho básico como la luz, para mayor beneficio de las compañías eléctricas, que con la nueva subida, en 2014 prevén obtener 5.000 millones más de beneficios solo en el primer trimestre del año”.
Un 18% de los hogares españoles sufren los efectos de la pobreza energética y según el INE, 3 millones de personas no tienen su vivienda con una temperatura saludable y cálida en los meses invernales. Asimismo, en 2012, 1,4 millones de viviendas sufrieron cortes de luz por impago, lo que supone el doble de los que se producían antes de la crisis-estafa. “Aun así, el PP se ha negado en el Congreso de los Diputados a poner en marcha medidas que garanticen los suministros básicos energéticos a los sectores sociales en riesgo de exclusión y ha vuelto a aprobar una nueva subida de la luz, que generará mayores bolsas de pobreza energética” ha señalado la responsable provincial.

“Los ayuntamientos y la Diputación provincial no pueden ser ajenos a la realidad precaria que vive la provincia, donde más de un 30% de su población vive en riesgo de exclusión social y tiene dificultades acuciantes para llegar a fin de mes y acometer los pagos de cuestiones tan básicas como la vivienda, la luz, el agua o la alimentación”.

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