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sábado, 15 de febrero de 2014

Izquierda Unida de Andalucía respalda que la Junta abra expediente al conocido “Banco Malo” (SAREB) por incumplir la función social de sus viviendas protegidas

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha abierto dos procedimientos administrativos contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como 'banco malo', por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de sus viviendas protegidas en la comunidad autónoma. Las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a un máximo de 109,44 millones de euros, siempre que la Sareb no acredite ante la Consejería que dirige Elena Cortés haber puesto a disposición de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida los al menos 911 inmuebles de esta tipología que posee en Andalucía. Estos registros establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
El primer procedimiento se debe al supuesto incumplimiento de la disposición adicional séptima de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Vivienda Protegida y Suelo, introducida en su actual redacción por la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de las entidades financieras de aportar a la administración pública inventario de las viviendas protegidas que se encuentren en sus balances. La Consejería ha notificado a la Sareb el acuerdo por el que inicia el expediente sancionador por infracción muy grave consistente en no comunicar dicho inventario en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda.
La segunda sanción a la que se expone la Sareb, por 911 infracciones muy graves, responde a la supuesta vulneración del artículo 20m de la misma Ley de Vivienda Protegida, también introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de cualquier persona física o jurídica de poner sus viviendas protegidas a disposición de los Registros Públicos Municipales de Demandantes. La Consejería que dirige Elena Cortés ha enviado a la Sareb un requerimiento oficial de información y documentación acreditativa de la puesta a disposición de sus viviendas protegidas en los Registros.
Las sanciones establecidas por la Ley de VPO para sanciones muy graves van de 30.001 a 120.000 euros. Por lo tanto, los procedimientos sancionadores abiertos por la Consejería podrían suponer una sanción de un máximo de 109,4 millones de euros, siempre y cuando quede acreditado que la Sareb no ha puesto sus 911 viviendas a disposición de los Registros.
La Consejería de Fomento y Vivienda ha tenido conocimiento de la existencia de estas 911 viviendas protegidas titularidad de la Sareb que supuestamente incumplen su función social a través de información oficial de la propia sociedad de gestión. La Presidencia del Gobierno de España recurrió ante el TC el 18 de diciembre de 2013 varios preceptos la Ley de Función Social de la Vivienda. En dicho recurso, así como en el anteriormente presentado el 9 de julio de 2013 contra el Decreto precedente, la Presidencia del Gobierno adjuntó entre su documentación un informe de la Sareb, titulado ‘Análisis de Impacto y Valoración del Decreto-Ley de Andalucía’, que señala que “en torno a un 12% de la cartera de la Sareb se encuentra radicado en el territorio andaluz”, un total de 6.379 viviendas que desglosa del siguiente modo: vivienda libre primera residencia: 4.473; vivienda libre segunda residencia: 995; vivienda protegida: 911.
Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda no fue impugnada en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social. Los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas siguen plenamente vigentes.
Maíllo reivindica la apuesta de la Junta por la rehabilitación: “las propuestas de IU se abren paso”.
Antonio Maíllo, Coordinador general de IU Andalucía en rueda de prensa  ayer en la provincia de Jaén, ha respaldado la apertura de dos expedientes sancionadores contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocido como 'banco malo', por parte de la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, dirigida  por Elena Cortés.
El Coordinador ha advertido que “las actuaciones de la Consejería se amparan en artículos de la Ley andaluza de la Función Social de la Vivienda que no han sido recurridos por el recurso del gobierno central". Maíllo ha reclamado "la necesidad de cumplir desde la normativa con el fin de que  "no haya viviendas protegidas vacías para la gente que las necesita".
Por otro lado, Antonio Maíllo, ha realizado una valoración "positiva" del plan de construcción sostenible anunciado un día antes en el Parlamento autonómico por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ya que, en su opinión, con él "se abren paso las propuestas de IU" en esa materia, que pasan por reivindicar "los planes de rehabilitación y eficiencia energética de viviendas".
Se trata, según ha explicado Maíllo, de "reactivar un sector importante" como, a su juicio, es el de la construcción, "pero que en ningún caso ha de ser determinante en el modelo económico", dada "la experiencia vivida en la década pasada".
Para el Coordinador andaluz, el plan de la Junta se enmarca en una "línea de estrategia de desarrollo que vincula un cambio de modelo económico y que tiene mucho que ver con la reindustrialización a la que IULV-CA no renuncia en Andalucía", y que ha definido como un "reto fundamental".

En ese sentido, ha insistido en que lo que defiende IULV-CA en esta materia es un "modelo de construcción sostenible no vinculado a un modelo expansivo que no trae nada bueno, sino a la rehabilitación de viviendas y a programas de eficiencia energética".

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