La
candidatura de “Málaga para la Gente” ha introducido en el debate electoral un
asunto que se debate en Europa, pero que afecta directamente al futuro de los
ayuntamientos y de los servicios que estos prestan a la ciudadanía.
El
Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP en inglés) supondrá que
cualquier multinacional podrá exigir que se privatice la gestión y los
servicios del agua y saneamiento de la ciudad o de que no se municipalice
Limasa.
Esos
son algunos de los ejemplos que ha lanzado esta mañana el cabeza de lista de
Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, tras el encuentro mantenido el pasado
jueves, 14 de mayo, en el sindicato Comisiones Obreras junto a la eurodiputada
de Izquierda Unida, Marina Albiol.
Zorrilla
ha alertado del oscurantismo que hay en torno a esta negociación, sabedores que
cuanto más lo conoce la ciudadanía, más rechazo despierta. “Málaga perderá su
soberanía en cuestiones vitales para la gente, como el agua y el saneamiento,
uno de los pocos que son públicos al cien por ciento. Las empresas
internacionales pueden demandar al Ayuntamiento para que privatice el
transporte municipal y se podrán realizar las prospecciones en el litoral sin
veto alguno, con los graves inconvenientes para nuestra economía turística”.
La
lista de problemas que causa este tratado a la economía y los servicios
públicos incluye la desaparición de pequeñas empresas agroalimentarias que se
verán indefensas frente a las grandes empresas, lo que supondrá también la
desaparición de nuestros productos locales ante la imposibilidad de su
comercialización. También perdería el Ayuntamiento el derecho al veto a las
emisiones contaminantes de algunas industrias. Cuestiones básicas que van a
afectar a la vida de los malagueños.
Zorrilla
hizo especial hincapié en que Izquierda Unida ha venido defendiendo, y ahora lo
hace dentro de Málaga para la Gente, la municipalización del servicio de
recogida y limpieza viaria y que son muchos los ciudadanos que lo demandan así.
Si este tratado ve la luz en las actuales circunstancias, eso no va a ser posible.
El candidato ha pedido a otros partidos políticos que se pronuncien al
respecto, sobre todo al PSOE, que parece haber decidido ahora apoyar esta
municipalización, a pesar de que fueron los primeros en privatizar el servicio
cuando gobernaban Málaga.
También
ha reclamado a los socialistas malagueños que “se retraten” y digan qué opinan
de este tratado y cuál va a ser su postura en el Ayuntamiento. “Los ciudadanos
tienen derecho a saber qué está pasando y a decidir si quieren ceder su
soberanía. Nosotros desde el Ayuntamiento apoyaremos un referéndum estatal y
europeo y que se declare municipio contrario al TTIP.”
Un
referéndum ha sido lo que ha reclamado también el secretario general de CCOO en
Málaga, Antonio Herrera, quién ha destacado que ha sido Izquierda Unida la
única formación política que ha sacado a la luz este tratado “a pesar de que
supone la pérdida de soberanía del pueblo español, de las autonomías y la de
los municipios y para entregarla a los intereses espurios encubiertos en este
tratado que hace primar sobre la gobernanza de los estados de la UE los
intereses comerciales, alimentarios, de protección social y servicios públicos
en todas las coberturas del desarrollo del estado de bienestar social” Para el
líder provincial de CC.OO. eso es “ un golpe de Estado a la Democracia”.
Marina
Albiol ha destacado que encuentros como este entre movimiento sindical,
político y representantes institucionales son fundamentales para dar a conocer
y batallar contra este tratado con Estados Unidos para que no llegue a su fin.
Esto no es más, ha señalado, que “ansias de aumentar beneficios de las grandes
empresas, porque la voracidad de las multinacionales no tiene fronteras” y ha
llamado a la resistencia desde todos los ámbitos.
También
ha explicado que los partidos europeos liberal, socialdemócrata y conservador
ocultan la existencia del tratado por que son los que lo están promoviendo y en
España este tripartito se corresponde con PP, PSOE, Convergencia, UPyD, PNV y
Ciudadanos. Albiol ha incidido en que el tratado no debe firmarse porque el fin
último es dejarlo todo “atado y bien atado” desde arriba para que no haya
margen de maniobra y si gana la izquierda en cualquier administración del
Estado no pueda poner en marcha políticas de izquierdas. “El tratado quiere
eliminar las trabas y sus trabas son nuestros derechos, el del empleo digno, la
salud pública, las pensiones, etc. Quieren campar a sus anchas por Europa sin
que ningún país pueda frenarles. Al contrario, si una multinacional cree que la
legislación de cualquier país europeo es perjudicial para ella, podrá
denunciarlo ante un tribunal especialmente creado para ello”.
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